21 de julio de 2008. Hoy entra en vigor la prohibición de introducir en el mercado o comercializar en España juguetes magnéticos que no adviertan en su etiquetado de los riesgos que estos productos pueden presentar para la salud o seguridad.
Se entiende por “juguete magnético”, un juguete que contenga o esté formado por uno o más imanes, o por uno o más componentes magnéticos que puedan desprenderse y que por su forma y tamaño puedan ser ingeridos por los niños.
La medida, adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de una Resolución del Instituto Nacional del Consumo del pasado 7 de julio, se ha tomado en aplicación de una Decisión comunitaria en la que se fija en el 21 de julio de 2008 la fecha en que dicha medida debe ser seguida por todos los Estados miembros.
NECESIDAD DE UNA NUEVA NORMATIVA EUROPEA
La duración de la prohibición es de 12 meses aunque, en caso necesario puede prolongarse. La razón de su temporalidad reside en la necesidad de uniformizar las medidas que se adopten en todos los Estados miembros, mientras no se revise la normativa comunitaria ante la nueva situación provocada por estos juguetes.
Si bien hace mucho tiempo que se utilizan los imanes en los juguetes, en los últimos años se han hecho cada vez más potentes y pueden desprenderse más fácilmente si se han fijado empleando las mismas técnicas que en el pasado.
La Directiva de juguetes actualmente en vigor establece que los juguetes, sus componentes y las partes separables, sean imanes o no, que estén manifiestamente destinados a niños de edad inferior a 36 meses, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados o inhalados.
No obstante, según la propia Comisión Europea, la norma técnica europea aplicable (EN 71-1:2005) no trata específica y suficientemente los riesgos derivados de los juguetes magnéticos para los niños de edades superiores a 3 años y, en consecuencia, ha dado al Centro Europeo de Normalización (CEN) el mandato de revisarla. Mientras, se ha procedido a aplicar una medida provisional para proteger el derecho a la salud y seguridad de los consumidores.
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