El oscuro juego del poder sexual en el Ejército

Este mes la US Military Diversity Commission del Congreso estadounidense presentó los resultados de un informe en el que recomienda que las mujeres soldado puedan tomar parte en los combates cuerpo a cuerpo. Hasta la fecha las mujeres no podían estar en primera línea de fuego, algo que previsiblemente cambiará tras este informe. Las consecuencias que este informe puede tener van más allá de la necesaria mejora de las condiciones de igualdad en el ejército. Quienes llevan años denunciando las violaciones sistemáticas de mujeres a manos de sus propios compañeros de uniforme creen que permitir que éstas compartan los mismos riesgos provocará un terremoto positivo en el oscuro equilibrio de poderes que actualmente domina esta institución.

El 15% de los soldados del ejercito estadounidense son mujeres. Según datos del Pentágono, 2200 mujeres denunciaron haber sido violadas por sus compañeros en 2007 y en 2009 el número de denuncias subió hasta 3300. Es decir una de cada tres sufre agresiones sexuales, el 37% de las víctimas son violadas más de una vez y al menos el 14% son atacadas en grupo, según el mismo informe.Pero quienes conocen el problema de cerca saben que la impunidad rampante entre los criminales, alentada por sus superiores, hace no sólo que el número de denuncias sea muy inferior al número de ataques reales sino que apenas se castigue a los acusados. “De fondo lo que se esconde es un juego de poder: muchos hombres sienten que la guerra es un juego de machos y tener mujeres allí no encaja. Abusar sexualmente de ellas es una forma más de decirles: no eres de los nuestros. Por eso creo que ese juego de poder se puede ver alterado si permiten que las mujeres entren en combate”. Lo dice Mercedes Gallego, periodista española del diario El Correo, quien fue una de las primeras que denunció los abusos sexuales en el ejército cuando en la prensa estadounidense el tema aún era considerado tabú. Gallego estuvo empotrada con las tropas estadounidenses durante la invasión de Irak en 2003 y fue allí donde por primera vez escuchó hablar de un problema sobre el que escribió en sus crónicas y en su libro ‘Más allá de la batalla”.

“Una de las primeras noches, al llegar a un campamento militar en Kuwait, donde esperábamos a que Estados Unidos comenzara el ataque contra Irak, varias mujeres se me acercaron y me explicaron que nunca debía ir sola al cuarto de baño, que las mujeres no estábamos seguras y que ellas siempre dormían armadas por si acaso. Con el tiempo me fueron contando más cosas, denuncias presentadas y archivadas, convivencia con sus agresores y cosas así y cuando traté de que uno de sus superiores respondiera a mis preguntas sólo conseguí que me dijera, off the record, que si además de cargar con ellas no las podían utilizar sexualmente de qué servía tener mujeres en el ejército”. Aquella experiencia la llevó años después a embarcarse junto a la periodista Pascale Bourgaux (la única reportera que entrevistó a los soldados que mataron al cámara José Couso al atacar el hotel Palestina) en la realización de un documental ‘Rape in the ranks, the enemy within’ (Violación en las filas, el enemigo interior) que pese a los premios que ha recibido, nunca se ha emitido en la televisión estadounidense. Se trata de un filme de 28 minutos que eriza los pelos ante testimonios como el de Jessica Kenyon, a la que violaron dos veces, una en un cuartel estadounidense y otra en Corea. Hoy Jessica, que acabó abandonando el ejército sin que se procesara a los violadores, es asesora en Military Sexual Trauma, una organización de ayuda a soldados violadas que recibe una media de treinta llamadas diarias.

La película de Bourgaux y Gallego, premiada entre otros en el New York Independent Film Festival, también recoge el escalofriante testimonio de la madre de Tina Priest, quien oficialmente falleció tras suicidarse mientras servía en Irak. La familia sostiene que alguien la mató: once días antes había denunciado una violación y temía por su vida. “El principal problema hasta ahora ha sido la impunidad. Las responsabilidades dentro de la cadena de mando fallan, a menudo se hace la vista gorda. Desaparecen pruebas y expedientes y muchas denuncias luego pasan a convertirse en accidentes. Las condenas que reciben, si las reciben son mínimas y con esa cultura, es difícil que los criminales se sientan amenazados. Es fundamental que caiga sobre ellos el peso de la ley, que la condena por violar a una camarada sea tan fuerte como la condena que existe por hacer eso en la vida civil. Y que las mujeres se sientan seguras al denunciar y no tengan que temer represalias” afirma Gallego.

En ese sentido un paso importante ha sido la reciente denuncia presentada por quince mujeres y dos hombres contra el Departamento de Defensa. La acusación, que dispara precisamente contra la cúpula de mando, -el antiguo secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el actual, Robert H. Gates-, les exige responsabilidades por “no haber tomado las medidas necesarias para evitar que las denunciantes fueran violadas repetidas veces y atacadas sexualmente por personal federal militar”. Además denuncian que tanto Gates como Rumsfeld “han dirigido instituciones en la que los perpetradores han sido ascendidos y se han mofado de las leyes en vigor”.

Estas mujeres, algunas veteranas, otras aún en activo, exigen una compensación económica pero sobretodo, aspiran a que el sistema judicial militar, que sistemáticamente absuelve a los acusados, sea revisado para que se les persiga y se les castigue como ocurre en el sistema civil –en la actualidad un violador en el ejército no se lleva esa ‘carga’ en su expediente cuando regresa a la vida civil. Para un acusado de asalto sexual en la vida civil esa ‘mancha’ nunca desaparece-. La denuncia además busca abrir nuevas vías para que las mujeres puedan denunciar el acoso sexual sin miedo a que se tomen represalias contra ellas.

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