La Secretaria General de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, ha mostrado hoy el apoyo del Ministerio de Igualdad a la iniciativa europea Charter de la Diversidad, un compromiso con los principios de inclusión de la diversidad y la antidiscriminación laboral. “El objetivo es promover entre las empresas de España el respeto a la diversidad como un elemento que garantiza tanto la inclusión social como la eficiencia empresarial”, ha explicado Martínez.

El Charter de la Diversidad es un protocolo de compromiso con los principios de integración social y la no discriminación que tiene como objetivo mejorar y potenciar la convivencia laboral de personas con culturas y perfiles diferentes. Es, además, una herramienta para la generación de innovación y eficacia económica en las organizaciones.

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La contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, es la contaminación producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana.

Un aspecto polémico refiere a los efectos nocivos que producirían las emisiones de radiación electromagnética. Cierta información referente a aumentos en la probabilidad de cáncer en personas que viven en zonas cercanas a torres de alta tensión, como así también la reciente preocupación sobre el uso de la telefonía celular, y de la antenas de celulares y o WiMAX han contribuido a despertar una preocupación general en la sociedad.

Ecologistas en Acción valora positivamente la reciente propuesta de resolución en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo sobre salud y campos electromagnéticos, como el inicio de un cambio de signo y de tendencia en relación a los impactos ambientares y de salud pública de los campos electromagnéticos. La constatación bajo el peso de la evidencia científica de efectos biológicos de la contaminación electromagnética significa el paso hacia una directiva europea que plantee niveles de misión mucho más restrictivos bajo el principio de precaución; como así lo han comenzado a hacer países europeos de nuestro entorno.

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Tal y como viene denunciando repetidamente Ecologistas en Acción, la contaminación del aire en el Estado español incumple los límites legales para la protección de la salud. La mayor parte de las Comunidades Autónomas niegan esta situación y no toman las medidas adecuadas para subsanarla. Pues bien, por este motivo la Comisión Europea acaba de iniciar un procedimiento de infracción contra España y otros nueve Estados miembros.

Ecologistas en Acción viene evaluando año tras año la calidad del aire en el Estado español. En sus estudios, basados en datos oficiales, se demuestra cómo la mitad de la población española respira aire con índices de contaminación superiores a los legalmente permitidos. Esto tiene unas consecuencias dramáticas: el propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino calcula que por este motivo fallecen de forma prematura en España nada menos que 16.000 personas cada año.

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El proyecto se denomina ‘epSOS’, participan otros 11 países y cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros para tres años.

España lidera un proyecto europeo para implantar la historia clínica digital

 El Ministerio de Sanidad y Consumo participa junto con tres comunidades autónomas en la realización del proyecto por parte española

 El objetivo de esta iniciativa, que se iniciará en septiembre, es mejorar la asistencia de los pacientes facilitando a los profesionales sanitarios el acceso a la información médica relevante en sus propias lenguas

 Los expertos españoles coordinarán, entre otros, los trabajos relacionados con la definición de los datos esenciales que se deberán incluir en la historia clínica digital de los pacientes

18 de enero de 2008. El Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, liderará el desarrollo del proyecto epSOS (european patients Smart Open Services) para generalizar la historia clínica digital (HCD) en Europa. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la atención de los pacientes en el entorno de la Unión Europea ajustando y agilizando la atención a cada casuística.

De este modo, se quieren evitar situaciones como que al salir de sus países de origen los pacientes no puedan acceder a medicamentos esenciales que hayan agotado, olvidado o perdido, no puedan comunicar detalles sobre su estado de salud a profesionales sanitarios que desconocen su lengua y la prescripción de tratamientos sin el previo conocimiento por parte de los médicos de los datos relevantes en su historial clínico, entre otras.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros que serán aportados al 50 por ciento entre la Comisión Europea y los países participantes. Además de España, participan en la iniciativa Austria, Suecia, República Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Eslovaquia y el Reino Unido.

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